Los indultos no se tocan

El miércoles pasado, la Cámara de Diputados intentó anular los indultos firmados por Menem para "pacificar" al país. El proyecto de ley es del ARI y no pudo tratarse en el recinto, en la semana previa a un nuevo aniversario del golpe militar, porque la bancada oficialista y los diputados radicales no bajaron al recinto.
Como documento para que la noticia sea analizada por el lector sin nuestra opinión de por medio, publicamos aquí la versión taquigráfica de la breve sesión.

-En Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo de 2007 a la hora 12 y 08:

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- No habiéndose conseguido el quórum necesario, declaro fracasada la sesión especial.[1]
Sin perjuicio de ello, tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Rodríguez.- Señora presidenta: en realidad este tipo de sesiones llevadas a cabo durante la semana del golpe de Estado de la dictadura militar tiene una larga historia, que empezó casi sola Patricia Walsh –a quien quiero reconocer en este acto- para lograr la nulidad de las leyes de impunidad.
Se inició con una serie de sesiones en minoría. Éramos muy pocos los diputados que concurríamos, quizás en algunos momentos éramos tan pocos como vergonzosamente se da hoy con los que estamos aquí, porque en este momento hay más gente en las galerías -algo que me enorgullece- que los que estamos aquí sentados.
Sabíamos que tarde o temprano esas sesiones iban a sumar mayor cantidad de diputados. Lo que no tiene explicación es cómo los señores diputados del oficialismo, que se vanagloriaron de sancionar la nulidad de las leyes de obediencia debida y de punto final, no ocupan hoy estas bancas cuando los argumentos son los mismos.
No me voy a extender en los fundamentos jurídicos, ya que todos sabemos que esta es una sesión en minoría, pero basta leer la versión taquigráfica de la sesión donde se trató la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Basta leer lo que dijeron los señores diputados del oficialismo para sostener que esas leyes eran insanablemente nulas. Esos mismos fundamentos determinan que estos decretos sean también insanablemente nulos.
Desde ya que la responsabilidad le cabe al presidente, quien tiene en sus manos la herramienta para nulificar esos decretos que están en su órbita. Ahora bien, eso no nos exime de la responsabilidad de declarar insanablemente nulos tales decretos.
Nos decían en su momento que no habrá ningún efecto, no tendrá validez ni consecuencia jurídica algunas si sancionamos una ley de este tipo.
Miren la realidad, observen qué pasa con las causas de los derechos humanos. Miren cómo avanzan, observen el fallo de la Corte Suprema. No es cierto que no tuvieron consecuencias. Lo cierto es que desde que sancionamos la nulidad de las leyes de impunidad avanzaron las causas contra las violaciones de los derechos humanos en este país.
Es incompatible con un Estado de derecho que genocidas que cometieron las más aberrantes violaciones a derechos humanos sigan amparados por el decreto de indulto y que también sigan amparados por este Estado, porque ni el presidente ni esta Cámara han movido un ápice esa situación. Sólo en ciertos casos aislados algunos jueces se están ocupando del tema.
En este contexto no tenemos forma de explicar lo que ha ocurrido. Si bien acepto que han existido progresos en materia de derechos humanos, también debo reconocer que se ha producido cierta impunidad para genocidas del calibre de los que han sido indultados. No los voy a nombrar a todos, porque ya lo ha hecho la ex diputada Patricia Walsh en innumerables sesiones, citando todos los antecedentes.
Espero que, como ha dicho la ex diputada Walsh, tarde o temprano los diputados asuman la responsabilidad que tienen, porque en algún momento van a tener que enfrentar a la historia y a los hijos de los desaparecidos. Van a tener que dar la cara ante sus propios hijos, nietos y familiares sobre la actitud que han tomado porque, a pesar de haber repuesto el estado de derecho y la restauración de las instituciones en el país, no fueron capaces de condenar a los mayores culpables de las violaciones de derechos humanos. Esos diputados hoy no sé dónde están, pero no están ocupando sus bancas.
Si llegaran a tener argumentos en contra, deberían estar acá explicándolos. Pido que tengan el coraje suficiente para dar el debate que la sociedad espera. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Tinnirello.- Señora presidenta: esta es una nueva oportunidad para hacer justicia con uno de los hechos más aberrantes que ha vivido la Argentina. Estoy hablando de la justicia que requieren los familiares, los hermanos y los amigos de los compañeros que estuvieron perseguidos en esa época junto a nosotros, y muchos integrantes de esta sociedad.
A pesar de los discursos que oímos desde la bancada oficialista, cuando venimos a este recinto a solicitar la nulidad de los indultos no están presentes.
Esa ausencia de los señores diputados no es gratuita, y lo dijimos hace meses cuando se intentó tratar el tema de la nulidad de los indultos en este recinto. Estaban las bancas vacías de los integrantes del bloque del Frente para la Victoria, y hoy veo que ocurre lo mismo con el radicalismo, salvo una excepción.
Cuando no se hace justicia y cuando no se encarcela a los responsables máximos de esta dictadura terrible que sufrió nuestro país, se pagan consecuencias como la desaparición de Jorge Julio López.
No es gratuito que hoy no estén presos estos genocidas y responsables del golpe militar en cárceles comunes. Tampoco es gratuito que no se anulen los indultos. Todo esto se paga con la persecución y con el sostenimiento del aparato represivo que continúa desarrollándose.
Surge la pregunta del porqué. ¿Por qué el presidente Kirchner se niega a anular los indultos? Creo que en realidad no sólo se niega a hacer justicia y a condenar a los responsables del golpe militar –el más aberrante que sufrió nuestro país‑, sino que también trata de preservar esas fuerzas represivas para continuar avanzando contra el pueblo.
Hoy tenemos cerca de cuatro mil procesados políticos y sociales por estar luchando por sus derechos.
Podríamos decir que este gobierno tiene el privilegio –nefasto privilegio- de ser uno de los más persecutorios de las luchas sociales, y esto es estadístico. Pero, por otro lado, el discurso o la retórica de este gobierno es que planta bandera en defensa de los derechos humanos.
Eso avanza también en otras áreas. ¿Saben ustedes que hoy está militarizada la provincia de Santa Cruz? ¿Saben que hoy hay 500 gendarmes en Río Gallegos porque allí están en lucha los docentes? ¿Saben ustedes que está militarizada la localidad de Las Heras después de la lucha petrolera y que Caleta Olivia también está militarizada con gendarmes por la lucha docente?
¿Por qué se conserva ese aparato represivo? Se lo hace justamente porque se quiere preservar este modelo económico, que sustancialmente no ha cambiado en lo que se refiere a explotación de los trabajadores y a su sufrimiento.
En una reunión llevada a cabo en la localidad de Quilmes nos enteramos de que a pesar de que se plantea que se ha mejorado el empleo, el 60 por ciento de las personas en edad de trabajar reciben los planes sociales o algún otro plan social. Si bien esas personas no figuran como desocupadas, todos sabemos que lo siguen siendo porque no han cambiado las reglas en este país; se siguen manteniendo.
Por otra parte, hoy hablé con la gente de ADOSAC, que es la entidad que agrupa a los trabajadores docentes de Santa Cruz. Por supuesto que las movilizaciones que hacen los docentes en esa provincia son inmensas ya que son seis mil en Río Gallegos y nueve mil en toda la provincia de Santa Cruz. Esa gran cantidad de docentes se moviliza contra este gobierno supuestamente defensor de los derechos sociales y laborales, y por supuesto de los derechos humanos.
¿Saben ustedes cuánto les pagan en blanco a los docentes mientras se hace una campaña en contra del trabajo en negro? Les pagan 161 pesos de básico en blanco. ¿Saben cuánto les pagan a los trabajadores administrativos de las escuelas? Les pagan 57 pesos de básico, cifra que tranquilamente se puede juntar en monedas limpiando vidrios en las esquinas. A los porteros, justamente por su actividad, les pagan un poquito menos: 49 pesos de básico.
Todo eso explica que no se anulen los indultos. Eso explica que en Santa Cruz sigan funcionando las patotas y que éstas rompan y quemen un auto del gremio ADOSAC o apedreen a la gente de ese gremio durante una movilización. Ese es el estilo K.
El estilo K en Santa Cruz es mandar la patota. Por eso sostienen a los genocidas. Para mí no hay casualidades, señora presidenta. Cuando se quiere enfrentar al pueblo que lucha en defensa de sus derechos, o se usa la patota o se usan las fuerzas militares, policiales y represivas para que el pueblo quede sometido.
Por supuesto que más allá de eso, en Santa Cruz se lucha y el pueblo argentino va a seguir luchando en todo rincón del país.
Todo eso explica que hoy nuestra intención se vuelva a ver frustrada, y fundamentalmente la de quienes están ahora en las galerías y la de muchos otros que quedaron afuera reclamando que se haga verdadera justicia. La explicación es que se preserva; la explicación es que a los trabajadores que salen a la lucha, como lo hicieron en su momento los trabajadores del Hospital Francés, les mandan la patota, y se las manda Alberto Fernández.
Me pregunto qué diferencia hay con la Triple A, con el Comando de Organización, previo al golpe militar. ¿Cuál es la diferencia, señor Kirchner, que tanto denuncia ahora para generar una especie de discusión alrededor de lo que pasaba antes del golpe militar, cuando su propio gobierno hoy utiliza la patota? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Son los nuevos parapoliciales, paramilitares o paraestatales.
En ese estado de cosas estamos, y por eso venimos insistiendo y nos hemos sumado al reclamo de otros señores diputados, entre ellos, la ex diputada señora Patricia Walsh quien desde hace mucho tiempo ha venido reclamando con un proyecto sobre nulidad de los indultos. No obstante, hemos planteado algunos aportes propios porque lo creemos oportuno, ya que consideramos que aquel que indulta debe ser también juzgado y encarcelado.
Por lo expuesto, íbamos a proponer la incorporación de un artículo que dijera textualmente: “Se impondrá prisión o reclusión de diez a veinticinco años e inhabilitación absoluta perpetua al funcionario público que concediese amnistía o decretase el indulto o la conmutación de penas de personas procesadas o condenadas por delitos de lesa humanidad, cualquiera sea el tiempo en que hubieran sido cometidos sin perjuicio de la nulidad absoluta e insanable del acto.”
Consideramos que la persona que indulta también es responsable y protector de estos genocidas.
Por ello, creemos que estas bancas vacías vuelven a demostrar que este gobierno no responde al reclamo popular de hacer justicia. Esto también se vincula con la propia actitud del gobierno que quiere aprovecharse y apropiarse de estas banderas en el acto que se llevará a cabo el próximo 24 de marzo.
Debe quedar en claro que ese día habrá dos actos: uno el convocado por las organizaciones que están aliadas al gobierno de Kirchner, que no hará más que justificar este tipo de acciones y demostrará no ser consecuente con la lucha de los derechos humanos; y el segundo, organizado por las organizaciones de los derechos humanos a fin de ser consecuentes y fieles luchadores para que esta conmemoración se lleve adelante con el fin de que haya justicia en nuestro país, vayan presos todos los genocidas y aparezca con vida Jorge Julio López, una de las banderas y reclamos más inmediatos que tenemos. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Con las palabras pronunciadas por los señores diputados, se dan por concluidas las manifestaciones en minoría.


- Es la hora 12 y 24.


Rodríguez (M.V.)....................................... 1

Tinnirello............................................. 2


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[1] La convocatoria de la Honorable Cámara a sesión especial se ha originado en un pedido de varios señores diputados en número reglamentario con el objeto de abocarse al tratamiento de los proyectos de ley contenidos en los expedientes 6.779-D.-2006 y 7.588-D.-2006 relativos a los delitos de lesa humanidad, prohibición de amnistía, indulto o conmutación de pena.