Fábricas recuperadas en Latinoamérica

Las experiencias de fábricas recuperadas en los países latinoamericanos son bien diferentes entre sí. En general, esa diversidad está marcada por el apoyo o el rechazo que los trabajadores tengan de parte de las instituciones (gobiernos, sindicatos, centrales obreras, etc.).
El cuadro más referencial, por haber sido el primero y, hasta ahora, el que más empresas involucra, es el de Argentina, que también es uno de los más complejos de pintar. Las primeras fábricas comenzaron a ser recuperadas por finales de los ’90, bajo el gobierno neoliberal de Carlos Menem.
El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) surgió naturalmente en la medida que aumentaba el número de casos. En el momento de las elecciones presidenciales de 2003 que terminaron consagrando a Néstor Kirchner como presidente el movimiento se dividió: Eduardo Murúa quedó como principal referente del MNER, mientras que Luis Caro, el abogado de muchas fábricas (que se presentó a esas elecciones dentro de una alianza de derecha), fundó el Movimiento de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores. Murúa tiene una clara posición opositora al gobierno de Kirchner, lo que motivó, según pudimos averiguar, varios intentos de la cancillería argentina por detener la realización del encuentro en Caracas, primero, y de presionar a sus pares venezolanos para que Murúa ocupara un lugar secundario, después. En una actitud destacable, el MNER, convocante argentino del encuentro, decidió invitar a trabajadores de fábricas de diferentes tendencias, intentando así que todo el rico proceso argentino fuera representado en Caracas.
En Argentina, los trabajadores no sólo tuvieron que pelear contra sus gobiernos, sino también, salvo muy pocas excepciones, contra sus propios sindicatos. La mayoría son cooperativas y superan largamente las 150. Pelean permanentemente por lograr que el Estado las ayude financieramente. Sólo algunas accedieron a la ayuda estatal, generalmente las políticamente más cercanas al gobierno central.
En ciertas fábricas, como IMPA y Chilavert entre otras, funcionan Centros Culturales que contribuyen a vincular a los trabajadores con la comunidad. Las obras de Sebastián Maissa que forman parte de este reporte fueron realizadas en La Fábrica, Ciudad Cultural, un espacio que funciona dentro de la metalúrgica IMPA.
Algunas cooperativas son la textil Brukman; la metalúrgica Crometal; Impopar, que fabrica calefactores y termotanques; el periódico Comercio y Justicia de la provincia de Córdoba y el frigorífico Yaguané. Otras, como Fasinpat (Fábrica sin Patrones, antes Cerámicas Zanón) o la alimenticia Sasetru, piden que el Estado nacionalice las empresas bajo gestión obrera. También cabe destacar la tarea de FECOTRA (Federación de Cooperativas de Trabajo de Argentina) que acompaña el proceso en varias empresas.
En Brasil la situación es diferente a la argentina. Allí las empresas están directamente relacionadas con la Central Única de Trabajadores (CUT). Tienen una sola línea política: pedir que el Estado se haga cargo de las empresas. Lo explica Serge Goulart: “nosotros no tenemos nada en contra de las cooperativas, pero no compartimos la idea de ‘economía solidaria’, que es un bellísimo nombre pero encierra la trampa que todos los miembros de la cooperativa son patrones, que no son más obreros y cuando se vuelvan ricos se apartarán de las luchas sociales. Además, la cooperativa hacia fuera tiene que competir con otras empresas capitalistas, peleando contra sus propios hermanos de clase. Si la cooperativa es un camino de transición para poder comprar y vender, está bien; pero si nos entendemos como cooperativistas sólo vamos a querer que nuestra empresa nos deje ‘gordos’ y así nos apartaremos de la lucha. En Brasil, la cooperativa más antigua ya no participa de la lucha política. Además, si una empresa cooperativa quiere ser sepultada por una transnacional, le ponen una igual al lado y ya no existe más. Te doy un ejemplo: en el encuentro se anunció un acuerdo entre Venezuela y Cipla (industria plástica de más de 1000 trabajadores). En cuanto se enteraron los de la multinacional que es su competencia, comenzaron a llamar para decir que estos acuerdos violan la reglamentación de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”. Las recuperadas brasileñas no alcanzan la decena, pero son fábricas importantes.
También en Uruguay las empresas están nucleadas en la central obrera única: PIT-CNT. Son 18 fábricas, reúnen a más de 1000 trabajadores y todas están produciendo . En algunos casos tuvieron que asociarse con un capitalista. Así ocurre en Enticor, una empresa de conectores eléctricos, que tiene un inversor peruano como dueño del 51% de las acciones, mientras lo trabajadores poseen el resto. Reinaldo Martínez nos cuenta que “ahora, con el apoyo que este gobierno progresista nos está dando a los trabajadores, queremos hacernos del 100% de la empresa. Que el Estado le devuelva (al inversor) los 500.000 dólares que puso y nosotros nos quedamos con la empresa”. Otras fábricas son Niboplast, Funsa y Alur. Rescatan la importancia de estar dentro del mismo movimiento: “nosotros destacamos el hecho que todos los trabajadores estamos sindicalizados en el PIT-CNT. Eso nos da montones de ventajas que, por ejemplo, los argentinos no tienen porque están dispersos”.
El caso venezolano está compuesto por 13 empresas recuperadas, cogestionadas entre los trabajadores y el Estado. Según Luis Primo de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), “otras 60 están en un acuerdo macro, consistente en que el gobierno les otorgue créditos a cambio de la participación de los trabajadores”. Esto ocurre tras la aprobación de una ley que, ante una empresa en quiebra, faculta el Estado para otorgar créditos a los dueños a cambio de que éstos cogestionen con los trabajadores. Si los dueños rechazan la propuesta el Estado expropia y comparte la propiedad con los trabajadores.
El gobierno resalta permanentemente que no está en contra de la propiedad privada y que sólo expropia en casos extremos, como en empresas abandonadas. El caso más emblemático es el de Invepal (antes Venepal), una de aquellas 13. Los trabajadores de esta papelera solicitaron al gobierno que los ayudara a mediados de 2004, tras una severa crisis de la empresa. Hoy está cogestionada por los trabajadores y el Estado. Los primeros cuadernos de Invepal fueron entregados a los niños de las comunidades cercanas.
Unos de los casos más recientes es el de Caigua. Al momento del encuentro, los trabajadores llevaban apenas dos semanas produciendo. Estaban a la espera de la expropiación que será decretada próximamente. Entonces, el 51% será propiedad del Estado y el 49% de los trabajadores, reunidos en cooperativa. Tendrán una junta de administración conformada por dos trabajadores y un representante del gobierno.
Los trabajadores gestionan las empresas con el apoyo financiero y tecnológico del Estado. Las empresas son de producción social, “es decir que el excedente, además de ser repartido entre los trabajadores, debe dejar un beneficio a la comunidad, no en el sentido de pintar una escuela sino de ayudar a la conformación de otra producción, multiplicando el desarrollo social”, explica Jhonny Ríos, uno de los trabajadores de Caigua.
Reconocen el apoyo del gobierno como un aporte esencial para la recuperación de las empresas, en comparación con otros procesos como el argentino.
Luis Primo, de la UNT venezolana, entiende la recuperación de empresas como parte de la tradición de lucha de la clase obrera y como un eslabón más de la cadena de construcción del nuevo socialismo: “este proceso va a seguir andando. No lo va a hacer Chávez ni los gobiernos. Esto será obra de los trabajadores mismos, pues sólo ellos pueden ir al socialismo”.

Fernando Tebele y María Eugenia Otero